Por Enrique Tresierra

A la vista de la puesta en marcha del procedimiento de expropiación para la realización de las obras de la Autovía del Duero, considero necesario dar unas breves notas sobre la expropiación.

Según el Diccionario del Español Jurídico, la expropiación forzosa es la privación de la propiedad privada por razones de utilidad pública o interés social y previa correspondiente indemnización. Esta facultad de la administración viene contemplada en el articulo 33.3 de la Constitución Española, que establece que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. La expropiación forzosa se encuentra regulada en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En una finca rústica esta privación de bienes o derechos puede tener diferente intensidad, así podemos distinguir tres formas:

Expropiación total: El afectado pierde totalmente la propiedad de la finca.

Servidumbre: En este caso no se pierde la propiedad de la finca pero se establecen limitaciones a su uso, convirtiéndose la finca en el llamado predio sirviente con las limitaciones propias de la constitución de la servidumbre que se trate, la cual puede adoptar múltiples formas de limitación de la propiedad, paseo, aérea, acueducto, etc.

Ocupación temporal: temporalmente la administración ocupa el terreno para la realización de obras, luego devuelve el terreno a su propietario.

En todos los casos el afectado va a tener derecho una indemnización, pero esta variará en función del grado de intensidad de la privación del bien o derecho afectado. En lo que se refiere a los procedimientos expropiatorios, con carácter general, podremos distinguir dos: El llamado procedimiento general y el llamado procedimiento excepcional, fijándonos en éste último, ya que en la práctica, a pesar de que la ley lo cataloga como excepcional, es el que utiliza normalmente la administración como en el caso de la Autovía del Duero. Debemos señalar que para que la Administración pueda usar este procedimiento excepcional debe darse un requisito previo: la declaración urgente de la ocupación. En el llamado procedimiento general la ley establece cuatro fases: la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos, la determinación del justiprecio y el pago y toma de posesión. Con la declaración de urgente ocupación del procedimiento excepcional, la administración se ahorra tramites y tiempo, en detrimento de garantías y derechos del administrado.

Los efectos de la declaración son:

1. Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente y dará derecho a su ocupación inmediata.

2. Se notificará a los interesados, con una antelación mínima de ocho días, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa de ocupación.

3. En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar el representante de la Administración, acompañado de un perito y el alcalde o concejal en que delegue y, reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, en valor de aquéllos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. A pesar de lo expuesto, lo normal es que este trámite se haga en el ayuntamiento.

4. A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten en el expediente, y dentro del plazo que se fije al efecto, la Administración formulará las hojas de depósito previo a la ocupación. Depósito que equivaldrá al interés legal del líquido imponible, declarado con dos años de antelación.

5. La Administración fijará igualmente las cifras de indemnización por el importe de los perjuicios derivados por la rapidez de la ocupación.

6. Efectuado el depósito y abonada y consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate. Lo que deberá hacer en un plazo máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.

7. Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en su fase de justiprecio y pago según la regulación general establecida. 8. En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de expropiación por este procedimiento, se girará la indemnización por demora en la tramitación del expediente expropiatoria, establecida en el art. 56 de la ley, con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente la siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación de que se trata (art. 52 LEF). En la práctica la fase que más nos interesa como expropiados es la fase del acta previa de ocupación pues es donde se pueden corregir errores en cuanto a la descripción de terreno, calidad del mismo y mediciones, ya que ese es el único momento en el que el expropiado puede discutir la valoración de la administración expropiante mediante la posterior elaboración de una hoja de aprecio que se discutirá ante el jurado de expropiación. Es muy aconsejable que, desde el momento en que se reciba la citación para acudir al acta previa de ocupación, se cuente con asesoramiento legal y técnico para una correcta defensa de nuestros intereses.